Cuando al séptimo día de haber asumido el cargo, el flamante Presidente de Chile firmaba el tratado regional sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe daba cumplimiento literal a una promesa electoral. «Firmaremos el Acuerdo de Escazú sobre participación, Derechos Humanos y justicia ambiental durante la primera semana de nuestro futuro gobierno», rezaba el número 21 de los 53 Cambios Concretos contenidos en su programa. El mismo epígrafe avanzaba además una transformación institucional, con la misión de adaptar los procesos administrativos «a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio».
Que su gobierno pondría la crisis climática en puestos relevantes de la agenda ha sido un aspecto que Gabriel Boric se ha esmerado en dejar claro, ya desde la campaña para ganar las elecciones primarias.
«No más zonas de sacrificio», proclamaba el viernes 11 de marzo desde el balcón del Palacio de la Moneda. 7 días más tarde volvía a ratificar la posición prominente que la problemática medioambiental tendrá en la agenda del nuevo gobierno. Ese día, 18 de marzo -a una semana exacta de haberse ceñido la banda presidencial-, Boric se hacía acompañar de la Ministra de Medio Ambiente y la titular de la cartera de Relaciones Exteriores para simbolizar en un acto público la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El ”Acuerdo de Escazú”.
Línea de tiempo elaborada con la herramienta Timeline del Knight Lab.
Estamos hablando de un importante acuerdo regional que ofrece garantías para el derecho a la información ciudadana, así como la defensa de los derechos humanos de los activistas por la protección del medio ambiente. Un acuerdo, por cierto, del que Chile se excluyó durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, a pesar de que su propio gobierno había sido uno de los promotores originales del tratado.
La urgencia que el nuevo gobierno asigna a la crisis climática se asocia de manera enfática, por un lado, con el respeto de los derechos humanos -también de los colectivos y en particular de los pueblos originarios- y, por otro, con una nueva concepción del territorio, lo cual conlleva una efectiva descentralización y la reforma de buena parte de las instituciones nacionales. A su vez, se entiende que la atención a las demandas sociales de desarrollo territorial debería sustentarse en la evidencia científica, lo cual obliga a poner en primer plano la postergada I+D+i chilena.
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